 |
| Imagen que el FBI ha colocado en la web de Megaupload |
El tema habría de suscitar un debate por nuestra parte como creadores visuales. Aunque más que debates, que los ha habido de importancia, lo importante sería llegar a conclusiones bien consensuadas. Hay muchas cuestiones en juego, muchos ajustes para llegar a un punto de encuentro entre las libertades individuales, los precios justos y la necesaria remuneración de los creadores, para que las artes sigan existiendo sin depender de propagandas más o menos subliminales sino del propio público que las selecciona.
Por otra parte, también hay otras cuestiones importantes en juego. Existe el peligro de que, ante nudos gordianos tramados para saltear la legalidad en casos como éste, la "justicia" tome medidas que se salten la legalidad intrínseca y se asienten las bases para la perdida real de libertad y de justicia. Pensemos en Guantánamo, por ejemplo.
Alentamos a los lectores a comentar aquí.
Prisión preventiva para el fundador y tres socios del portal de intercambio de archivos 'online' - La policía acusa a los ‘piratas’ de hacer perder 386 millones de euros al sector del ocio
David Alandete - Washington - EL PAIS
Anonymous replica con un ataque a sitios del Gobierno y la industria
EDITORIAL: 'Remedios en discusión'
Así funciona Megaupload, el predecesor de 'la nube'
Las claves de las leyes 'antipiratería' de EE UU
La 'ley Sinde' de EE UU: un terremoto
En lo que el Departamento de Justicia estadounidense ha definido este jueves como una de las mayores operaciones contra la piratería en la Red de la historia de Estados Unidos, la Fiscalía pública ha presentado cargos contra los siete administradores de las empresas Megaupload Limited y Vestor Limited y ha cerrado las webs asociadas para alojar contenidos. Cuatro de ellos, incluido el fundador, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom) han sido detenidos en Nueva Zelanda. Se les acusa de haber tomado parte en una conspiración criminal para lucrarse con la distribución ilegal de contenido protegido por las leyes de propiedad intelectual. Un juez neozelandés ya ha decretado prisión preventiva para Schmitz y otros tres colaboradores.
El juez David McNaughton, del tribunal del distrito de North Shore, en la ciudad de Auckland, ha dictado que Schmitz y los otros tres directivos de la empresa que también han sido arrestados, permanecerán en prisión hasta que se produzca el fallo a su petición de libertad bajo fianza en la vista fijada para el próximo lunes, informa la agencia neozelandesa APNZ.
Junto al alemán Schmitz han ingresado en prisión preventiva los directivos de la misma nacionalidad Finn Batato y Mathias Ortmann, así como el holandés Bram van der Kolk. Todos ellos fueron detenidos en diversos operativos policiales llevados a cabo en Auckland en respuesta a un requerimiento hecho por las autoridades estadounidenses, que han solicitado la extradición de los tres alemanes y del holandés.
Daños por valor de 386 millones
El Departamento de Justicia y su cuerpo policial, el FBI, alegan que los administradores de esas empresas provocaron daños a la industria del entretenimiento por valor de 386 millones de euros en concepto de material difundido de forma ilícita. Adhiriendo anuncios publicitarios a sus páginas de alojamiento y descarga, amasaron 135 millones de euros, según la demanda presentada ante la corte federal del Distrito Este de Virginia.
Megaupload.com, que asegura que ha tenido más de 1.000 millones de visitas desde su creación en 2004 y que cuenta con más de 180 millones de usuarios registrados en todo el mundo, fue inaccesible desde el jueves en EE UU y en otros países, incluida España, debido a la intervención de sus servidores por parte del FBI. La operación afectó a un total de 18 dominios, entre los que se encuentran Megavideo, Megaclick, Megaworld, Megalive, Megapix, Megacar, Megafund, Megakey, Megamovie, y otros. Los ciberactivistas de Anonymous han protestado atacando portales del Gobierno de EE UU y de la industria discográfica.
El Gobierno de EE UU asegura en la demanda, a la que tuvo acceso este diario, que Megaupload y sus sitios web asociados forman una “mega conspiración, una organización criminal de dimensiones mundiales cuyos miembros tomaron parte en actos de infracciones criminales de los derechos de autor y en lavado de dinero a escala masiva”.
“Desde septiembre de 2005 Megaupload.com ha sido empleado por los acusados y otros miembros y asociados de la mega conspiración para reproducir y distribuir de forma intencional muchos millones de copias ilícitas de obras diversas, incluidas películas, programas de televisión, grabaciones musicales, libros electrónicos, imágenes, videojuegos y otros programas informáticos”, añade el listado de cargos.
La demanda aceptada por el gran jurado incluye cinco cargos: uno por conspiración para cometer infracciones de los derechos de autor, otro por conspiración para lavado de dinero, dos por infracción criminal de los derechos de autor y un último cargo por conspiración para cometer extorsión, al entender que los acusados se comportaban como una banda criminal.
Un gran jurado en esa corte aceptó los cargos contra siete personas relacionadas con Megaupload. Fueron arrestados en Nueva Zelanda, por las autoridades locales de aquel país, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), ciudadano de Finlandia y de Alemania, fundador de Megaupload Limited y, según la demanda del Gobierno de EE UU, “jefe de la mega conspiración”; Fin Batato, ciudadano alemán y jefe de publicidad comercial y de ventas de la misma empresa; Mathias Ortmann, alemán y jefe técnico de la compañía, y Bram van der Kolk, holandés y programador de Megaupload y otros sitios asociados.
También se han presentado cargos contra Julius Bencko, ciudadano de Eslovaquia y director gráfico; Sven Echternach, alemán y director de desarrollo de negocio; Adrus Nomm, de Estonia y jefe de programación, y Bram van der Kolk, holandés y programados de Megaupload y otras webs. Los agentes del FBI registraron además las cuentas bancarias de esos administradores y examinaron los servidores de Megaupload, para recoger evidencias de la difusión de contenido supuestamente pirateado.
La demanda del Gobierno se hizo pública ayer, a través de las oficinas de la corte federal del Distrito Este de Virginia y un día después de que numerosas páginas de EE UU protestaran por dos proyectos de ley que le permitirían al Gobierno cerrar páginas alojadas en EE UU que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor.
Aunque el miércoles Megaupload protestó en su página principal contra esas dos propuestas legislativas, esa operación del FBI no está relacionada con ellas o con la campaña de protesta. El FBI efectuó 20 registros dentro de EE UU, y también en otros ochos países. En total, congeló bienes asociados a la empresa y sus gerentes por valor de 38 millones de euros.
Las oficinas centrales de Megaupload se hallan en Hong Kong, según información corporativa, aunque sus gerentes vivían en Nueva Zelanda. Los fiscales del Gobierno de EE UU que presentaron los cargos se refirieron a los administradores en su demanda como “megaconspiradores”. “A cambio de pagos, la mega conspiración ofrece una rápida reproducción y distribución de copias ilícitas de material protegido por derechos de autor en servidores alojados en todo el mundo”, asegura la demanda.
En la demanda se alega que los acusados empleaban Megaupload de un modo que favorecía la difusión de material ilegal. Aseguran los fiscales que los administradores de esa web borraban contenido que no se descargara con frecuencia, imposibilitando el uso del portal para el almacenamiento de documentos personales. En lugar de eso, facilitaban la distribución permanente de material más demandado. Según la investigación, fomentaban la publicación de películas y canciones de forma ilegal para registrar un mayor número de visitas y, a la larga, obtener cuantiosos ingresos por publicidad.
En total los acusados se enfrentan a 50 años de cárcel si se les aplica la pena máxima. Fue el FBI el que inició la investigación, a través de su Centro de Coordinación Nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Para ello recibió ayuda de la policía de Nueva Zelanda, Hong Kong, Holanda, Reino Unido, Alemania, Canadá y Filipinas.
