1. Modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual
El objetivo, según ha explicitado la ministra, será “impedir a las entidades de gestión la creación indiscriminada de Fundaciones y sociedades mercantiles”. La administración pública competente será la encargada de autorizarlas. Sólo lo hará con aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades que la propia entidad no pueda desarrollar en su funcionamiento ordinario.
González-Sinde ha afirmado que “las entidades de gestión deben seguir siendo entidades sin ánimo de lucro. Es posible que en casos concretos y para situaciones concretas pueda ser conveniente la utilización de una sociedad mercantil, pero eso debe ser excepcional y debe estar sometido a aprobación especial”.
2. Establecimiento de una auditoría pública
La auditoría se añadiría a las que ya se someten las entidades de gestión en la actualidad. El nuevo control propuesto hoy sería llevado a cabo por un organismo público. González-Sinde ha destacado que de esta forma se pretende “sumar un elemento más de vigilancia y de control”.
3. Propuesta sobre las competencias en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura
González-Sinde llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura una propuesta para resolver el asunto de las competencias territoriales. Esta propuesta tendrá una vigencia provisional a la espera que Bruselas dicte su directiva europea sobre entidades de gestión. La ministra ha reconocido la complejidad del establecimiento de estos mecanismos de control dado el reparto competencial que estableció en esta materia la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional.
Por ello, la ministra ha pedido en este punto “la mayor colaboración a todos los partidos políticos” para que “no quede ninguna sospecha de que la fiscalización que se ejerce sobre las entidades de gestión es la máxima posible”.
4. Creación de un régimen sancionador
Este sistema tendrá como meta garantizar al máximo la transparencia de las entidades de gestión y obligarlas a cumplir su función social sin desviarse. Tal y como ha indicado la ministra en su intervención, las entidades de gestión son las primeras interesadas en generar confianza. Estas mismas sociedades han ofrecido a través de un comunicado conjunto, su “plena colaboración a las Administraciones Públicas y al Parlamento español, para incrementar los mecanismos adicionales de control a nuestra actividad que consideren necesarios”.
Defensa de los autores y del modelo de las entidades de gestión
La ministra de Cultura anunció estas medidas en el transcurso de una interpelación parlamentaria ante el Pleno del Congreso de los Diputados. En su discurso Ángeles González-Sinde defendió a los autores y creadores de cultura, doblemente perjudicados por los últimos acontecimientos, ya que podrían haber puesto en riesgo su patrimonio y erosionado su imagen pública. En esta línea, ha pedido que no se abra una “causa general” ni se cuestione “su derecho a cobrar por su trabajo y a reclamar a quienes obtienen un beneficio de él una contraprestación justa”.
La defensa del modelo de las entidades de gestión fue otro de los ejes de la intervención de la ministra. Dejó claro que los hechos que se investigan son muy graves pero que sólo afectan a unos gestores de una entidad de gestión de las ocho que existen en España y que representan a los derechos de músicos, intérpretes, guionistas, escritores cineastas, artistas plásticos y creadores en general, además de realizar una intensa labor asistencial. A este respecto, la ministra enfatizó que “no es que las entidades de gestión funcionen mal: es simplemente que unos individuos presuntamente han violado la ley. Y se les ha detenido, no hay que olvidarlo”.
