La entrevista había sido solicitada el día anterior con carácter de urgencia ante los recientes acontecimientos que se han producido en la SGAE.
Dada la precipitación de la convocatoria, cuyo inicial sentido era el de manifestar a la Ministra la inquietud de las entidades ante una hipotética supresión de la remuneración por copia privada, VEGAP no tuvo posibilidad de estar representada en esta reunión.
Al terminar la reunión, las entidades que asistieron al encuentro con la Ministra, han hecho público un comunicado cuyo contenido es suscrito íntegramente por VEGAP, y que para tu conocimiento, reproducimos íntegramente a continuación:
“Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA y EGEDA, por iniciativa propia, han mantenido hoy, día 7 de Julio de 2011, una reunión con carácter de urgencia con la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, debido a los acontecimientos acaecidos en SGAE.
Tras el encuentro, estas organizaciones manifiestan lo siguiente:
1. Los derechos de propiedad intelectual son un motor de desarrollo social, cultural y económico en nuestro país.
2. La gestión colectiva, que llevan a cabo las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, es imprescindible para asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual de los creadores y productores de la industria cultural.
Este sistema, acorde con el de los países de nuestro entorno y la normativa internacional, es muy similar al que funciona en el resto del mundo.
3. Las entidades de gestión son asociaciones privadas que gestionan derechos de carácter privado. Nuestra actividad es transparente y eficiente y está sometida a auditorías internas y externas que ratifican nuestra correcta gestión.
Ofrecemos nuestra plena colaboración a las Administraciones Públicas y al Parlamento Español, para incrementar los mecanismos adicionales de control a nuestra actividad que consideren necesarios.
Finalmente, queremos señalar que los hechos imputados a determinados directivos de la SGAE, no deben cuestionar ni el vigente sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual ni el buen funcionamiento del resto de entidades de gestión.”
